Las Mujeres,
Comités y Organizaciones de Mujeres de Petén manifestamos nuestra preocupación
porque, a pesar de la persistencia y la gravedad del problema
de la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, hay una falta
de compromiso serio por parte del Estado y del Gobierno de turno al no destinar
los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para lograr la correcta
aplicación de la legislación en favor de las sobrevivientes y la implementación
de los programas existentes en favor de las mujeres, por lo que expresamos lo
siguiente:
A la Fiscalía de la Mujer (MP): hemos
observado que muchos casos se quedan en la etapa de
investigación por falta de prueba y si llegan a debate, la ausencia de pruebas
científicas trunca los procesos, negando a las sobrevivientes la justicia, la
reparación y el retomar sus proyectos de vida. Asimismo, se dan retrasos
injustificados para llevar a cabo las diligencias de investigación necesarias, muchas
veces debido a una percepción de que estos casos no son prioritarios. Hacemos
un llamado para que cumplan con el Modelo de Atención Integral
(MAI) para optimizar la persecución penal en la investigación de los casos de
VCM y delitos sexuales y mejorar la atención a la víctima de delito.
Al Ministerio de Gobernación-Policía
Nacional Civil (PNC): hemos observado dificultades para el cumplimiento de órdenes de protección
emitidas en favor de las víctimas, lo cual las deja en
situación de indefensión y riesgo ante posibles represalias del agresor. Hacemos un llamado para que cumplan con su deber de proteger a las mujeres víctimas
de violencia contra amenazas inminentes y protejan y
garanticen el ejercicio de sus derechos y libertades actuando sobre la
prevención, investigación y lucha contra el delito.
Al Juzgado de Femicidio (OJ):
hemos observado un patrón de impunidad en los casos de violencia contra
las mujeres. La impunidad perpetúa la desconfianza sobre el sistema de
administración de justicia, la revictimización y sensación de inseguridad de
las mujeres y la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las
mujeres. Hacemos
un llamado para que se haga una
sanción y reparación efectiva.
Al Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF): hemos observado deficiencias
como la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los
responsables, la gestión de investigaciones por parte de funcionarios que no
son competentes e imparciales y el tratamiento inadecuado de las víctimas y de
sus familiares, afectando gravemente la investigación. Hacemos un llamado
para que asuman con profesionalismo y compromiso la responsabilidad de brindar
servicios de investigación científica forense para que resulten en pruebas
científicas testimoniales y físicas que permitan hacer un juicio efectivo.
A la Procuraduría
General de la Nación (PGN): hemos
observado que pasados cuatro años de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la
Asunción sigue pendiente la construcción de un Sistema Nacional de Protección
especial a la niñez con servicios especializados que protejan a la niñez y la
adolescencia y programas para prevenir cualquier tipo de violación a los
derechos de la niñez, ayuden a mejorar los patrones de crianza y a evitar la
institucionalización. Asimismo, en el contexto actual de pandemia que expone a
los niños a mayores riesgos, hacemos un llamado para que se intensifiquen
acciones para prevenir la violencia contra la niñez y se mejore la eficiencia
de la unidad operativa del sistema de alertas Alba-Keneth y la respuesta.
A la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH): hemos observado el debilitamiento de
la institucionalidad responsable de prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, específicamente la CONAPREVI, la SEPREM y la DEMI
que ha sufrido un debilitamiento político, técnico y presupuestario, por lo que
hacemos un llamado a investigar y denunciar comportamientos administrativos
lesivos a los intereses de las personas, recomendar a los funcionarios públicos
la modificación de comportamientos que contravienen la ley y en el caso
particular de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, investigar
todas las denuncias que le sean planteadas.
A la Secretaría Presidencial de la
Mujer: estamos a favor de que el Estado restituya los
derechos adquiridos a las instituciones que deben promover la política pública
y el desarrollo de las mujeres, por lo que hacemos un llamado SEPREM para asumir
con seriedad los procesos estratégicos de las mujeres organizadas y el
acompañamiento de las acciones de incidencia para impulsar la agenda política
de las mujeres en Petén.
Gobernación Departamental de Petén: Como ente representante del Ejecutivo en el
Departamento y Coordinador del Consejo departamental de Desarrollo, hacemos
un llamado para que se gestionen los recursos necesarios para las instituciones
que legítimamente sostienen la lucha para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Red
Departamental de Organizaciones de Mujeres de Petén, REDMUPETEN
Lunes, 8 de
marzo de 2,021
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