Por: Prensa Comunitaria https://www.facebook.com/Comunitaria.Prensa
Luego de sufrir un desalojo, la comunidad Q'eqchi' Se'inup' permanece a la intemperie esperando una solución legal. 
Sus casas fueron incendiadas luego del desalojo. Hoy pidieron permiso para permanecer en una comunidad cercana, mientras esperan se resuelva un amparo interpuesto ante la CC. VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=vazQKHRb_jE
Un aproximado de 53 familias que habitan la comunidad de Se´inup´, ubicada en el Municipio del Chal, Petén, han quedado en condiciones extrema de pobreza, debido a las violaciones a sus derechos humanos, el 30 de septiembre sus casas fueron quemadas, junto a sus animales domésticos y pertenencias personales, por otra parte, el 15 de diciembre del año 2022, nuevamente sufrieron desalojo forzado y violentos, nuevamente quemaron sus casas y pertenencias personales. Según versión de vecinos, toda esta situación de violencia y orden de desalojo es ejecutada por personas particulares en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, en contubernio con los jueces que dictan orden de desalojos arbitrarios.
En esa comunidad hay mujeres, hay niñez que sufren las secuelas de violencias, las madres han declarado que los niños viven con miedo profundo y que a la media noche se despiertan llorando, ellas no entienden porqué sufren tanto sus familias, el Estado debe tonar cartas en el asunto, poner un alto a la violencia que viven estas familias y enjuiciar a los responsables de dichos crímenes.
Se exige justicia, que cese la criminalización a personas indígenas en condiciones más vulnerables.
Durante los últimos meses se han desalojado comunidades Q’eqchi’ en la región de Alta Verapaz, Izabal y Petén, a pesar de la resistencia de los pueblos indígenas organizados, bajo argumentos legalistas y con la venia de autoridades gubernamentales, las comunidades son despojadas y violentadas.
A pesar de que la población de Se’inup’, en El Chal, Petén, buscó una salida por la vía legal y sus habitantes intentaron resolver el conflicto pacíficamente, este 15 de diciembre de 2022 fueron desalojados por la Policía Nacional Civil (PNC).
La policía incendió alguna de las viviendas de las 56 familias maya Q’eqchi’ de la comunidad de Se’inup’. Representantes de la empresa San Agustín S.A., según dijeron algunos comunitarios, se comprometieron a alojar a los comunitarios en dos hoteles de El Chal y uno en Santa Elena, por un mes.
Uno de los pobladores que habló con Prensa Comunitaria bajo condición de anonimato, dijo que se quedaran en la calle que está en la entrada de la finca y que están pendientes de recibir ayuda humanitaria. Además, las personas desalojadas señalaron que aunque los hayan desalojado y quemado sus casas, no se moverán del albergue en el que se encuentran actualmente.
Según la población, quienes incendiaron las casas fueron personas particulares, que se conducían en un vehículo de la empresa San Agustín S.A.
Ayer, la población expresaba su temor de ser desalojada y este jueves se concretó. “No tenemos a dónde irnos, nosotros continuamos sembrando maíz y nuestro frijol, no nos vamos a mover, lo que estamos haciendo es trabajar la tierra y estar en la lucha por nuestra tierra ya sea que la nación nos venda la mitad o toda la finca, ya que la necesitamos para mantener a nuestras familias, ahora tenemos una noticia que el día de mañana (15 de diciembre) nos van a desalojar”, había dicho uno de los pobladores.
Nueva orden de desalojo judicial
La finca en la que se encuentra asentada la comunidad de Se’inup’ está doblemente registrada. Por una parte, es tierra a nombre del Estado guatemalteco; y por la otra, existe un alegato de parte de la empresa San Agustín, que es la misma que ha criminalizado a las autoridades comunitarias, según han denunciado algunos pobladores.
La comunidad hizo las gestiones ante el Fondo de Tierras para adquirir legalmente el terreno a su favor, sin embargo, no fueron atendidas, mientras que la empresa, a pesar del conflicto de propiedad mencionado, ha presentado denuncias antel el Ministerio Público (MP), por el delito de usurpación, contra autoridades comunitarias de Se’inup’.
El MP por su parte, concluyó que el caso es un tema agrario y no penal, sin embargo, el juez de San Benito, Petén, Bejamín Chinchilla, autorizó el desalojo.
“Con respecto al proceso de la tierra, vamos luchando, pero el juez de san Benito, Benjamín Chinchilla, siempre autoriza el desalojo. El mismo Fondo de Tierras reconoce que esta tierra está en conflicto, pero el juez no entiende esa parte y sigue autorizando el desalojo”, mencionó otro comunitario.
La situación que viven las mujeres, niñas y niños en la comunidad ha afectado su salud mental, algunas personas reportan tristeza y miedo.
El sentir de las mujeres, lo comparte una comunitaria al afirmar: “duele ver lo que hemos estado viviendo, somos una comunidad indígena, eso nos duele y vemos que en otras comunidades ha pasando la misma situación, las desalojan, algunos estamos viviendo todavía en casitas de nailon, eso es duro porque estamos acostumbrados a vivir en casas frescas, como las de hojas, pero vivimos con un trauma que si pasa un carro o escuchamos un disparo y cosas así nosotras, estamos ahí asustadas porque estamos con ese trauma y no sabemos que pueda pasar con esta situación”.
La comunidad indígena de Se’inup’ fue desalojada extrajudicialmente el pasado 30 de septiembre, aunque los dirigentes de la comunidad acudieron a presentar una denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Fiscalía Municipal del Chal esta entidad no dictó ninguna medida de seguridad para los habitantes, tampoco ordenó la investigación inmediata.
El ataque armado denunciado fue ejecutado por personas desconocidas, ese mismo día de la denuncia, a eso de las nueve de la noche, los perpetradores se tomaron el tiempo necesario para ir de casa en casa a disparar al aire, generando miedo y terror en los pobladores, seguidamente quemaron sus hogares, sus animales domésticos y aves de corral, con todos sus enseres.
Entérese más aquí: https://prensacomunitaria.org/2022/10/personas-armadas-desalojan-y-queman-viviendas-de-familias-qeqchi-en-peten/
Hoy 15 de diciembre del año 2022, personas indígenas de la comunidad Se´inup´ ubicada en El Chal fue nuevamente criminalizada.
Desde horas de la mañana se hicieron presente al lugar personas particulares en acompañamiento de autoridades y según relatan los pobladores, les prendieron fuego a sus chozas construidas de manaco, quemando nuevamente sus pertenencias personales.
El pasado 30 de septiembre la comunidad fue desalojada y quemada sus pertenencias.
Las estrategias de despojo, criminalización y persecución política, que usan las empresas palmeras, les ha funcionado para el acaparamiento de tierras en Petén.
El municipio de Sayaxché “Se encuentra conformado por 158 comunidades organizadas en 10 micro-regiones contando el área central, donde se ubica la cabecera municipal, según Plan de Desarrollo Sayaxché.
Es un municipio donde predomina la población indígena, según datos del XII censo Nacional de Población y VII vivienda, realizado en el 2018.
Las comunidades están organizadas por alcaldías auxiliares, son representadas por el presidente de los comités comunitarios de desarrollo (COCODES) y hay 10 que conforman el consejo municipal de desarrollo (COMUDE) juntamente con las autoridades municipales.
Las empresas de palma africana han expandido mediante el acaparamiento de tierra, para la siembra del monocultivo de palma aceitera, en Guatemala.
Antecedentes de contaminación ambiental en Petén y Alta Verapaz, ocasionados por empresas palmeras.
El ecocidio en Sayaxché, la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) lo calificó como un “desastre ecológico”.
Desde hace algunos años las empresas de palma aceitera en Sayaxché, Petén, han despojando a las comunidades de sus territorios, con engaños, criminalizando a los líderes comunitarios que defienden sus derechos humanos, contaminando y desviando los ríos que sirven para abastecer de agua de consumo diario a las comunidades, que viven alrededor del municipio.
En el 2015 hubo un ecocidio, dejando una mortandad de peces y destrucción de fauna acuática, hecho causado por la empresa de Reforestación de Palma de Petén S.A. (REPSA) esto ocasionó fuerte daños ambientales en las comunidades de Sayaxché, puso en peligro la supervivencia de sus habitantes.
Este caso fue denunciado por varias organizaciones comunitarias, incluyendo al profesor Rigoberto Lima Choc, líder comunitario, habitante en la comunidad Champerico, de ese municipio, quien después de haber denunciado públicamente a la empresa REPSA, de ser la responsable de dicha contaminación ambiental, fue asesinado frente al Juzgado de Paz, en Barrio el Centro en Sayaxché, en ese mismo año 2015, se presume que el asesinato se debe a la represión en contra de los denunciantes, para acallar las voces e insertar el miedo en las comunidades, pues esta persona “era catalogado como una pieza clave en el caso”, según el medio digital, Prensa Comunitaria.
El 20 de marzo del 2017, sucedió otra contaminación del Río San Román, en Chisec Alta Verapaz, este echo fue comprobado por comunitarios y técnicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) contaminación y mortandad de peces que afectó a la comunidad Esperancita del Río, Tierra Blanca y otras comunidades aledañas, en Sayaxché, la contaminación desembocó en Río Salinas, Frontera con Guatemala y México. En este caso se comprobó seis especies de peces muertos, hecho que las comunidades de Chisec, Alta Verapaz y Sayaxché Petén, según versión de comunitarios, quienes presenciaron la mortandad de peces, contaron que se debió al rebalse de las lagunas de oxidación de la planta extractora de la empresa Industrias Chiquibul S.A.
En marzo del 2018, Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA), volvió a derramar aguas contaminadas al Río la Pasión, hecho que documento el Ministerio Público, sobre las aguas del Río, dejando mortandad de peces, cangrejos, tortugas muertas, varios comunitarios denunciaron esta contaminación. Estas empresas de palma son respaldadas por el estado de Guatemala, quién solo beneficia a las empresas palmeras con grandes extensiones territoriales, dejando por un lado la inconformidad de las comunidades indígenas de Sayaxché.
Durante el año 2020, hubo un desalojo de la comunidad Santa Elena, Río Salinas, donde un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil, llego a la comunidad, encerraron a las familias en sus viviendas para que nadie saliera y así pudieran ejecutar ordenes de captura en contra de líderes comunitarios.
La empresa de palma aceitera, Industrias Chiquibul S.A., durante el mes de noviembre del año 2020, emitió orden de captura en contra de cuatro comunitarios de Santa Elena Río Salinas, fueron encarcelados y acusados de detención ilegal, usurpación agravada y extorsión, este echo sucedió cuando ellos exigían prestaciones laborales y pagos dignos por el trabajo que habían realizado dentro de la empresa. Las empresas palmeras, además de todas las problemáticas ambientales, también causa explotación laboral, tanto a hombres como a mujeres les exigen jornadas laborales extensas con poco pago por mano de obra.
Un comunitario comenta:
“Yo soy defensor y amigo de varias comunidades, defendía los derechos laborales de los trabajadores porque el pago que le daban a la gente era de Q.20.00 a Q.25.00 trabajando todo el día, varios de la empresa industrial Chiquibul, nos acusaron de Rebeldía, la gerente de la empresa en ese momento que era Ana Patricia Andino, decía que la gente del área local cobraba caro, y que mejor iban a traer gente de afuera”
Con todo esto, está comprobado que las empresas de palma aceitera, violentan los derechos humanos, sobre todo de personas indígenas, quienes han sido desplazados de comunidades.
Estas empresas implementan estrategias para apropiarse de manera ilegal de sus tierras, talan grandes extensiones de bosques tropicales, consumen agua en grandes cantidades, contaminando los ríos de los cuales las comunidades del municipio de Sayaxché se abastecen para el consumo diario, contaminando con fertilizantes químicos, criminalizando a líderes comunitarios, cuando defienden sus derechos para tener una vida digna en sus comunidades.
“Las empresas de palma aceitera de Sayaxché, siguen con la criminalización de líderes de las comunidades que se encuentran en el área, donde siguen persistiendo hostigamiento, comprando voluntades dentro de las mismas comunidades, contratando gente para que mantengan e informen a las empresas, una forma de mantener control en las comunidades” (Comunitarios).
“LA TIERRA NO NOS PERTENECE, NOSOTRXS PERTENECEMOS A LA TIERRA”
