Por: Un Nuevo Sol Rebelde
Ciudad de Guatemala, 5 de agosto de 2025
Tiempo de lectura 8 minutos
El pasado martes, 5 de
agosto se realizó el foro “Habitamos y Resistimos: Derechos Humanos y Áreas
Protegidas en Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón”, en Ciudad de
Guatemala. El evento reunió a comunidades, organizaciones y defensores de
derechos humanos para denunciar los impactos de la Ley de Áreas Protegidas y
visibilizar las propuestas de las comunidades afectadas por más de tres
décadas.
La actividad fue
convocada por las Comunidades Multiculturales de Laguna del Tigre y Sierra
de Lacandón, en alianza con el Bufete Jurídico de Derechos Humanos,
el Bufete para Pueblos Indígenas, American Friends Service Committee,
el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Movimiento de Organizaciones
Sociales, Indígenas de Petén y el Observatorio de Industrias Extractivas.
"No somos invasores. Somos historia, lucha y resistencia"
Desde Petén, Cirilo,
uno de los representantes comunitarios, abrió el foro con una voz clara:
“Nos han
criminalizado, nos han perseguido, nos han desalojado… más de 55 comunidades y
60 mil personas seguimos sin respuestas del Estado. Pero también traemos
propuestas. ”
El foro abordó las
consecuencias sociales, ambientales y legales de la Ley de Áreas Protegidas,
aprobada en 1989, y cómo su aplicación ha servido para desalojar y reprimir a
comunidades campesinas e indígenas históricamente asentadas en estas regiones.
Everardo Reyes,
delegado de las comunidades multiculturales, compartió cómo las familias
llegaron al Petén por políticas del mismo Estado, abriendo caminos que más
tarde serían utilizados por empresas extractivas.
“No nos consideramos
invasores ni narcotraficantes. Somos pueblo, somos guatemaltecos que hemos
resistido por más de 40 años.”
Reyes relató que en
2016 las comunidades entregaron una Propuesta de Desarrollo Alternativo,
basada en cinco ejes, entre ellos el respeto a los derechos humanos, la
protección ambiental y el desarrollo sostenible con enfoque comunitario. Sin
embargo, nunca recibieron respuesta.
Noé Amador, defensor de derechos humanos, profundizó en la dimensión jurídica y
humana del conflicto:
“...el Estado ha venido creando leyes
discriminatorias, leyes que solo buscan el bienestar para unos pocos y no así
para el pueblo guatemalteco...
son situaciones muy dolorosas para las familias que
tienen que vivir esta situación, ya que tienen que vivir en condiciones
inhumanas
.
”
Describió con crudeza
los efectos de los desalojos: mujeres perdiendo embarazos, familias durmiendo
en champas de nailon, enfermedades sin atención médica. Enfatizó que las
comunidades cuentan con propuestas viables, como la reforma a la Ley de Áreas
Protegidas presentada en 2024, pero que el Congreso dictaminó desfavorable,
argumentando que promovía la usurpación de estas
áreas y que promovía también el deterioro de los parques naturales a nivel de
estas comunidades y a nivel nacional.
Las comunidades
también denunciaron que mientras a ellas se les persigue, empresas como Perenco,
palmeras y ganaderas, continúan operando en las áreas protegidas con impunidad
y responsabilidad directa en la destrucción ambiental.
“Si fuéramos realmente destructores, como ellos
nos han criminalizado, ya el Petén estuviera desértico, sin embargo, los que
han destruido realmente el bosque han sido las empresas palmeras y las empresas
ganaderas, petroleras que están en el departamento
” subrayó Noé Amador.
La defensa de los derechos en territorios criminalizados
Juan Castro, abogado
del Bufete de Derechos Humanos, explicó cómo el Estado ha usado el derecho
penal para resolver conflictos sociales vinculados a la tierra. “El delito de
usurpación de áreas protegidas fue creado en 1996, pero se está aplicando
retroactivamente a comunidades que ya habitaban esas tierras antes de esa
fecha. Esto es una violación constitucional”, señaló.
Castro expuso el caso
de Jovel Tobar, un comunitario criminalizado y encarcelado por seis meses,
enfrentando un proceso plagado de irregularidades. También denunció cómo el sistema de justicia ha sido
cooptado por intereses externos, y que existe una práctica de aceptar cargos
para evitar condenas más severas, aun cuando esto implica que las personas
reconozcan crímenes que no cometieron.
“La aceptación de cargo es aceptar lo
que se cometió en el hecho. Y aceptar lo que se cometió en el hecho es aceptar que somos criminales",
enfatizó el abogado.
El foro también abordó
el rol del Estado como principal responsable de garantizar el derecho a la
tierra. El artículo 68 de la Constitución Política de Guatemala establece que
el Estado debe proveer tierras estatales a comunidades indígenas que las necesiten
para su desarrollo.
Criminalización, despojo y desmemoria
Edgar Pérez, abogado defensor de derechos humanos, hizo un recuento histórico que
conecta la invasión española, el colonialismo, los regímenes autoritarios y los
proyectos extractivos modernos como expresiones continuas de despojo y racismo.
Recordó que el racismo estructural ha justificado desde la esclavitud colonial
hasta los desalojos violentos actuales:
"Hablar del
racismo estructural en Guatemala es hablar de la historia viva. Ha existido
desde la invasión hasta hoy. Sigue existiendo el racismo. Hay un trato inferior
para quien se considera parte de un pueblo indígena."
Se refirió en
particular al caso de Laguna Larga, comunidad que lleva ocho años
desplazada en condiciones infrahumanas, tras haber sido desalojada:
"
¿Cómo es posible que el Estado se niegue a poder dialogar y encontrar una
solución alternativa para la permanencia de las comunidades? Así es como se da
el racismo y la criminalización. ¿Por qué? Porque paralelamente, también se
sabe que en estas mismas áreas protegidas hay fincas ganaderas, está la misma
empresa Perenco y otros negocios, que sí son permitidos por el Estado, pero los
pueblos originales no son.
"
El derecho a habitar y resistir
Javier Reyes, uno de los momentos
más potentes del foro fue la intervención de Javier Reyes, quien puso sobre la
mesa el concepto de justicia ambiental como una herramienta necesaria
para comprender la realidad de las comunidades en áreas protegidas.
“
No estamos hablando sólo de la naturaleza,
estamos hablando de derechos humanos de más de 60.000 personas.
”,
sostuvo Reyes.
Durante su
participación, denunció que la Ley de Áreas Protegidas, lejos de
proteger el territorio, ha servido para excluir, criminalizar y despojar a
las comunidades que ancestralmente han vivido en estas tierras.
“
No tiene sentido conservar la naturaleza, y que
eso represente violar derechos humanos, no, al
contrario, más bien es de encontrar que habitamos en un mundo natural, y que
por ello tenemos que saber encontrar el equilibrio justo para cuidar ese
territorio, y las comunidades locales, indígenas, y campesinos, que se han
demostrado ser naturalmente mejores de lo hecho.
”, afirmó.
Comunidades como guardianas del bosque
El foro también
reafirmó que las comunidades locales no son una amenaza para la conservación,
sino sus principales aliadas. Reyes destacó que los pueblos indígenas y
campesinos poseen conocimientos ancestrales sobre los ecosistemas, y practican
una gestión del territorio más sostenible que cualquier modelo impuesto desde
fuera.
“Ya hablamos
de que las comunidades, al tener muchos años, muchas generaciones viviendo en
el territorio, pues tienen una relación ancestral y profunda con el territorio.
Conocen los ciclos naturales, conocen las
especies nativas, conocen dónde están los ríos, los bosques, entonces son las
que están en un mejor lugar para saber cómo conservar el territorio. ¿Por qué?
Porque lo han hecho por décadas.”, enfatizó.
Reyes llamó a
reconocer la gobernanza comunitaria como una vía real para la
sostenibilidad ambiental y la justicia social.
“Un modelo de
conservación que viene desde las comunidades, sin imposiciones coloniales ni
estatales, es el que verdaderamente funciona.”
Gabriela Muñoz,
investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), presentó una investigación
sobre el impacto ambiental, político y social que ha dejado la petrolera Perenco
dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. A nueve días del cierre de su
contrato (número 285), las comunidades y organizaciones exigen rendición de
cuentas y reparación integral.
“Perenco representa el
campo petrolero mejor desarrollado del país… pero también el más contaminante”,
denunció Muñoz. Según datos satelitales analizados por el observatorio, la zona
de concesión ha perdido el 60% de su cobertura vegetal desde la prórroga
otorgada en 2010.
Un impacto que se reinyecta
El contrato de Perenco
incluye más de 50 pozos, varios de ellos de inyección, que reinyectan agua
contaminada al subsuelo para mantener presión en los reservorios. A esto se
suma la quema continua de gas metano, y una infraestructura petrolera
que abarca oleoductos, caminos y una mini refinería en La Libertad.
“La contaminación del
agua ha sido documentada desde 2002 por el propio Estado. Pero en más de 20
años no se ha hecho un monitoreo adecuado”, afirmó Muñoz. También recalcó que
gran parte de lo que se sabe es gracias a denuncias ciudadanas y esfuerzos
científicos independientes.
Sin plan ambiental, sin monitoreo
de biodiversidad
Uno de los hallazgos
más graves es que Perenco nunca presentó instrumentos ambientales aprobados.
Ni al inicio del contrato, ni cuando declaró hallazgo comercial, ni en la
prórroga. Los informes entregados omiten datos fundamentales sobre flora y
fauna, en una zona declarada Sitio Ramsar por su riqueza ecológica.
“No puede ser que una
empresa opere en un parque nacional sin siquiera monitorear cómo afecta a las
plantas o animales”, sentenció Muñoz. “Y ahora que se van, no tenemos certeza
real de qué dejan atrás.”
Según el observatorio,
el gobierno está licenciando un “contrato de servicios petroleros de
emergencia” para el cierre del campo. No hay claridad, ni plan público, ni
garantía de que no se siga extrayendo petróleo. Además, una nueva iniciativa de
ley (6575) propone reformas a la Ley de Hidrocarburos que podrían abrir la
puerta a nuevas concesiones.
El
foro "Habitamos y Resistimos" fue un recordatorio de que las
comunidades no están solas. Que su lucha no solo es por permanecer en sus
territorios, sino por el reconocimiento pleno de sus derechos, saberes y
propuestas. En un país que sigue negando su diversidad y su historia, estas
voces se alzan como faros de dignidad.
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