Santa Elena, Petén, septiembre del 2024.
El
día lunes 02 de septiembre del año 2024, comunitarios de Laguna del
Tigre y Sierra de Lacandon realizaron conferencia de prensa para dar
a conocer el dictamen de la iniciativa 6358, presentada por dichas
comunidades.
El
congreso de la república de Guatemala dictaminó de manera
desfavorable la iniciativa de ley 6358. Ley que busca que las
comunidades participen en la protección ambiental de las denominadas
áreas protegidas.
La
actividad se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala con la presencia
de representantes del Bufete Jurídico para Derechos Humanos -BDH-,
Comité Campesino del Altiplano -CCDA- en acompañamiento de
organizaciones sociales, campesinos y comunitarios.
En
Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon existe al rededor de 53
comunidades, con un aproximado de 60 mil habitantes, quiénes piden
al Estado de Guatemala, conceder el derecho de vivir en esas áreas y
que persista el respeto a sus derechos humanos, especialmente el
derecho a la vida, donde ellos puedan realizar sus proyectos de vida
sin amenazas de desalojos, contribuyan en el cuidado y protección
del medio ambiente.
Según
Rubén Domingo, abogado del bufete jurídico Derechos Humanos, indicó
que han presentado un comunicado haciendo referencia a la propuesta
de reforma a los decretos 489 y 5-90 del Congreso de la República
para que las comunidades que están asentadas en los territorios de
la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón sean reconocidas en su
manifestación jurídica que corresponde al derecho, porque durante
décadas los pueblos han sufrido el despojo histórico, en este caso,
antes, durante y después de la aprobación de ley de áreas
protegidas, en el territorio del Petén, las comunidades que ya
habitaban en esas áreas no fueron consultadas, estando en todo se
derecho de participar en una consulta previa, libre e informada, toda
vez que son comunidades indígenas, campesinas, multiculturales que
se encuentran asentados en esos territorios bajo los principios de
que la tenencia y uso de la tierra es un derecho de los guatemaltecos
y guatemaltecas y de acuerdo a la legislación agraria derivado de
los acuerdos de paz.
En
el año 1995, con la declaratoria de la ley de áreas protegidas,
viarias comunidades ya habitaban ésas áreas y no fueron consultadas
ni tomados en cuenta. Según Noé
Amador, delegado de las comunidades, ha indicado que desde hace más
de 20 años, ellos han llevado el seguimiento al proceso, de la lucha
por la tierra y en la
búsqueda de una solución
viable
a esas problemáticas
con las comunidades.
“Se ha intentado a través
del diálogo, en el
acercamiento con las
instituciones, hemos
presentado documentos y
peticiones para proponer una
solución, en vista de
que hemos sufrido amenazas de desalojos, persecución y
criminalización, pero hasta
el momento no hemos
sido escuchados y nuestras peticiones no son atendidas”
indicó, Amador.
En
el año 2016 como
parte de las acciones,
se presentó la Propuesta
Alternativa
a Desarrollo
Integral
y Sostenible
de las Comunidades
con la finalidad de
buscar una solución a la problemática de la tierra, en ese entonces
se establecieron mesas de diálogo que las instituciones
incumplieron,
especialmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, quién
argumentó
que no pueden resolver este problema, porque la ley no permite la
presencia de comunidades dentro de las áreas protegidas y en ese
sentido prácticamente cerraron la puerta del diálogo, a una
solución técnica desde las instituciones del Ejecutivo y del Estado
de Guatemala.
Mientras
ellos han estado en diversas acciones de negociación y diálogos,
han sufrido al menos nueve
desalojos forzados y violentos, ente ellos está el
desalojo de la comunidad
Centro Uno, Pollo Solo, Centro Campesino, Nueva Esperanza, Bergelito
y Laguna Larga, este último
fue desalojada en el año 2017,
hasta el momento ninguna
de las comunidades desalojadas
ha sido reubicado, el gobierno no brinda ninguna solución viable,
las personas viven en
condiciones precarias y han
enfrentado muertes y diversas enfermedades a
consecuencia del desalojo.
En
la versión de uno de los comunitarios,
indicó que la
intención de vivir en esas áreas es
contribuir a la protección ambiental, de acuerdo a sus conocimientos
ancestrales, una forma de trabajar la tierra de manera amigable con
el medio ambiente, ellos
se dedican a la agricultura de maíz, frijol, pepitoria, manía,
entre otros alimentos de consumo para sus familias, “El
Estado nos
prohíbe a las comunidades de
vivir en las
áreas, pero han prorrogado contratos petroleros y permiten
extracción de minerales, las
denominadas “áreas
protegidas”, protegidas
para quién, es mi pregunta porque las empresas petroleras si
tiene sus instalaciones y
extraen grandes cantidades de crudo de petroleo, destrozan los
recursos naturales, contaminan y
a ellos no les dicen nada”,
afirmo unos de los
comunitarios.
Con
el dictamen desfavorable
demuestran el poco interés
que tienen tantos las instituciones como el Estado en apoyar la
población mas desprotegida condenándoles a seguir viviendo en
condiciones inhumanas, con
incertidumbre y amenazas de
desalojos, violentando el derecho a la libre determinación.
Lea
también el comunicado:
Presentado por las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon:
file:///home/red/Descargas/Propuesta%20Comunicado%20dictamen%20des%2025%20ag%202024%20(1).pdf
