Ya casi un año y las familias desalojadas de Laguna Larga siguen sin recibir respuesta favorable por parte del Estado de Guatemala.
Desde el 5 de junio del 2017 más de 111 familias por amenaza de desalojo huyeron a la línea fronteriza entre Guatemala y México.
Con anterioridad, desde 2016 ya tenían en proceso una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral que fue presentada en septiembre de ese mismo año, en dicha propuesta las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon buscan encontrar respuesta a sus necesidades, exigen sus derechos humanos como población, especialmente el derecho a la tierra, realizar acuerdos de conservación, concesiones forestales y tenencia de la tierra con autoridades Estatales, en ese proceso mantuvieron más de 10 mesas de diálogo y buscaron reuniones, con las diferentes entidades gubernamentales, sin embrago todo fue en vano y las amenazas de desalojo siguieron en aumento, junto con ella la persecución a líderes comunitarios, incluso un líder comunitario pagó las consecuencias como castigo por habitar esas áreas, Jovel Tobar un habitante de la comunidad la Mestiza estuvo más de 6 meses en la cárcel, salió con libertad condicional y aún sigue ligado a proceso.
Han sucedido muchas situaciones desde que los pobladores de estas áreas iniciaron el proceso de la Propuesta Alternativa, la persecución y criminalización aumenta en el transcurso de los días.
El desplazamiento forzado de Laguna Larga no es uno de los primeros en Petén, ya en 2009 Desalojaron a 160 familias de Centro Uno, hasta la fecha las familias viven en las calles a orillas de una comunidad cercana, en champas cercadas con nylon, luego en 2011 pobladores de la comunidad Nueva Esperanza también fue obligada a abandonar sus tierras y huir a México como sucedió con Laguna Larga, al igual que en todos los desalojos, el gobierno les ha prometido reubicación pero en la práctica no ha tenido ningún avance.
La situación de vida de las familias de Laguna Larga, desde el día del desplazamiento forzado provoco una emergencia humanitaria sin precedentes. Han tenido que soportar la lluvia y el sol, dormir en el suelo, picaduras de insectos, sufrir toda clase de enfermedades, las mujeres, ancianos y niños quienes son la población más vulnerable han sufrido precariedades, la niñez y juventud sin un futuro prometedor, en septiembre de 2007 se logró detectar a treinta y seis niñas y niños con grado de desnutrición entre los cuales ocho niños sufrían desnutrición grave, además se detectó que cerca de 14 mujeres estaban con embarazos de alto riesgo.
La legislación de Guatemala está acorde en muchos aspectos con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo el pasado 25 de abril la corte de constitucionalidad denegó el recurso de apelación y confirmó la resolución de la Sala de Apelaciones de Poptún Petén, dejando en completo desamparo a las 111 familias que aún siguen en la línea fronteriza, con esta resolución la Corte estaría avalando la violación a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, igualdad ante la ley y los tribunales, sin agua y sin servicios básicos de salud, en esta situación el Estado ha violado los derechos humanos en su totalidad, no hay garantías constitucionales.
Cronología del proceso de la Comunidad Laguna Larga.
El día 2 de junio de 2017, la Comunidad se enteró que para su residencia se dirigía un fuerte contingente de militares, Policía Nacional Civil y Ministerio Público. La comunidad considerando que los desalojos son violentos, analizó la situación y decidió que debía salir antes que llegara el contingente para evitar cualquier agresión, capturas de líderes u otras consecuencias lamentables. Se establecieron entre la línea fronteriza de Guatemala y México por el Estado de Campeche cerca de un poblado llamado “El Desengaño”.
Cuando llegaron los militares y policías llegaron al lugar donde residían los campesinos, recibieron órdenes para incendiar viviendas y quemar bienes de las familias de la comunidad. Las familias recordaron lo sucedido en años de la guerra en Guatemala, cuando eran perseguidos por militares y se veían obligados a huir y abandonar sus tierras.
El día 29 de mayo de ese año, el Comité Central de Laguna del Tigre en protección de la Comunidad, con el apoyo del abogado Juan Castro y el Bufete de Derechos Humanos, presentó amparo preventivo en la Sala de Apelaciones de Poptun Petén en contra de la resolución de primera Instancia que autorizó el desalojo alegando que el mismo es ilegal por incumplir Los Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, así como el derecho a la defensa y notificación previa, la Sala de Poptún en Petén, denegó AMPARO PROVISIONAL por lo que se interpuso apelación en la Corte de Constitucionalidad.
En enero de 2018 la Relatora del Derecho a la Vivienda de la ONU, Leilani Farha, presentó un Amicus Curiae como respaldo a los argumentos presentados en la primera acción de amparo interpuesta en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Poptún, Petén, para orientar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad sobre la misma.
El 5 de junio de 2017, al menos 4 organizaciones de derechos humanos de México, al enterarse del desalojo, decidieron solicitar medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de Laguna Larga. El Estado ante dichas medidas, sólo se ha limitado a proporcionar algunos alimentos cada tres meses, nombrar a tres maestras para atender la educación de los niños en el campamento y nada más.
Las mesas de diálogo que se iniciaron no han dado los resultados esperados para la comunidad, los mismos se estancaron a finales de diciembre de 2017. Las instituciones convocaron nuevamente a reuniones hasta el pasado 26 de abril de 2018.
A finales de 2017, el Estado publicó en algunos medios de comunicación que estaba ofreciendo dos fincas para reubicar a la comunidad pero eso nunca se discutió formalmente en las mesas de diálogo. A pesar de ello, el Estado ha publicado que la comunidad se niega a ser reubicada lo cual es negativo. Según Constantino Vásquez, líder comunitario, ha expresado “lo que la comunidad quiere es que tiene que haber condiciones claras, previamente discutidas y acordadas, para poder aceptar una reubicación, por el momento si no existen esas condiciones, la comunidad no puede aceptar ninguna reubicación”.
El 27 de octubre de 2017, se presentó una nueva acción de amparo en favor de Laguna Larga por el incumplimiento y lentitud en la implementación de las Medidas Cautelares. Se demandó el retorno provisional de la comunidad a sus tierras, en virtud de las medidas cautelares. Sobre esta acción tuvo que acudirse en apelación ante la Corte de Constitucionalidad, la cual resolvió en inicios de marzo de 2018 parcialmente favorable, ordenando que el Estado cumpla sin demora con las Medidas Cautelares, para que continúen los diálogos y encontrar una solución duradera. No se pronunció sobre el retorno provisional de la comunidad; ante lo cual el pasado 3 de marzo 2018 se presentó Recurso de Ampliación ante la Corte de Constitucionalidad, pero las respuestas no son favorables.
El Estado ha gastado millones de quetzales en hacer una consulta con el diferendo entre Guatemala y Belice, gastos innecesarios a veces, además se llevará años en saberse una respuesta por parte de Belice, no priorizando las necesidades de estas familias que viven refugiados en un país que no es Guatemala, porque Guatemala ha demostrado que para prestar refugio es pésimo como país juntamente con sus gobernantes y demás funcionarios públicos, ya se ha demostrado con el caso de Hogar Seguro Virgen de La Asunción y otros sucesos delictivos en magnitud que la violencia es extrema, el país está dirigido por la mafia y la corrupción, en un proceso de descomposición total, no existe el estado de derecho
