La comunidad Laguna Larga, fue desalojada en el año 2017, actualmente se encuentra viviendo en un
campamento fronterizo entre México y Guatemala.
El 24 de marzo de 2026 se
realizó una reunión en la que estuvieron presentes el Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural -COCODE-, comunitarios/as,
liderazgos de otras comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, el bufete jurídico de Derechos Humanos, la Comisión
Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, personal docente, la
Asociación Indignación de México, entre otros, en el campamento de la comunidad Laguna Larga.
El objetivo de la reunión fue dar
seguimiento a las medidas cautelares No. 412-17 dictadas el 8 de septiembre del 2017 y dialogar sobre el proceso de retorno al
lugar de donde fueron desalojados/as.
El presidente del COCODE señaló la necesidad de contar con mayor claridad sobre las condiciones de
retorno, incluyendo acceso a vivienda digna, seguridad y garantías de no
repetición. También expresó la importancia de actualizar el listado de las 111
familias beneficiarias de las medidas cautelares, ya que algunas se han
trasladado a otros lugares o han crecido en número.
Las organizaciones
participantes indicaron que el retorno debe garantizar condiciones de dignidad,
seguridad, reparación y desmilitarización del área, además de resolver temas
legales pendientes, como la posible querella presentada por el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (CONAP).
Como parte del proceso, se
planteó realizar un censo comunitario el 21 y 22 de abril, con el objetivo de
conocer la situación actual de las familias en temas de salud, educación,
alimentación y condiciones de vida. Posteriormente, se trabajaría la construcción de un plan de
retorno colectivo con participación de las familias beneficiarias.
Las autoridades señalaron que
el proceso incluirá consultas comunitarias y acompañamiento internacional,
destacando que sería un retorno histórico al desarrollarse bajo medidas
cautelares. Sin embargo, comunitarias y comunitarios, manifestaron inquietudes y solicitaron que
los acuerdos queden por escrito para garantizar el cumplimiento de los
compromisos en los que estaban prometiendo.
La comunidad expresó que, desde el desalojo, han recibido mayor apoyo de organizaciones y personas
de México que del Gobierno de Guatemala. Señalaron que, de no haber sido por
esa ayuda, muchas familias habrían muerto de hambre, ya que tras el desalojo
enfrentaron condiciones difíciles para sobrevivir.
Indicaron que, en ese momento,
recibieron alimentos, abrigo y nailon para resguardarse durante la noche, y que
hasta la fecha continúan recibiendo acompañamiento en su proceso. Asimismo,
destacaron que estas organizaciones fueron las primeras en difundir la
situación de la comunidad y en enviar cartas al Estado guatemalteco solicitando
medidas urgentes, acciones que continuaron realizando periódicamente.
También
mencionaron que, con el paso del tiempo, muchas familias se vieron obligadas a
abandonar el campamento debido a las difíciles condiciones de vida. Señalaron
que fallecieron personas mayores, niñeces y mujeres, a causa de la falta de
alimentos, la presión emocional y las enfermedades, ya que no contaban con
acceso a servicios básicos. Además, indicaron que las condiciones de vida eran muy limitadas, lo que dificultaba aún más su situación.
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